Departamento de Justicia de EE.UU. demanda a Uber por discriminación
La empresa es acusada de violar la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. La demanda, presentada el 11 de septiembre de 2025, alega que Uber y sus conductores discriminan rutinariamente a personas con discapacidades físicas, causándoles daños económicos, emocionales y físicos.
Los cargos contra la plataforma
El Departamento de Justicia (DOJ) afirma que la compañía «niega rutinariamente el servicio a individuos con discapacidades», incluyendo a quienes viajan con animales de servicio o usan sillas de ruedas plegables. Además, se acusa a Uber de cobrar tarifas adicionales a estos pasajeros, incluso cargos por cancelación cuando se les deniega el servicio. «Uber se niega a modificar razonablemente sus políticas» para evitar esta discriminación, según los abogados del DOJ.
La respuesta de Uber
La empresa declaró que «discrepa fundamentalmente» con las acusaciones y destacó tener una «política de tolerancia cero» para las denegaciones de servicio confirmadas. Uber afirmó que cada conductor debe aceptar cumplir con su Política de Animales de Servicio de EE.UU. antes de usar la aplicación, y que toma «medidas decisivas, incluida la desactivación permanente de la cuenta» cuando se confirma una violación.
Un historial de demandas
Uber ha enfrentado acusaciones similares en el pasado. El DOJ demandó a la empresa en 2021 por sobrecargar a estos pasajeros, llegando a un acuerdo en 2022 por el que pagó millones de dólares a más de 65.000 usuarios afectados. También ha enfrentado demandas personales y protestas públicas por presunta discriminación.
Antecedentes de una investigación
El DOJ alertó a Uber en 2024 sobre una investigación en curso sobre el trato a jinetes con discapacidades. Tras ser informada, la compañía implementó una función para que los pasajeros pudieran autoidentificarse cuando viajaban con animales de servicio, según la denuncia presentada en un tribunal federal de California.
Un caso que busca garantizar derechos
El resultado de esta demanda determinará si Uber debe modificar sus políticas y procedimientos para garantizar la igualdad de acceso a su servicio, tal como exige la ley federal. El caso subraya los desafíos continuos que enfrentan las personas con discapacidades en el acceso a servicios de transporte privado.
