Gobierno de EE.UU. adquiere el 9,9% de Intel por 8900 millones de dólares
La inversión se realiza mediante acciones ordinarias y fondos de la Ley CHIPS. El acuerdo, anunciado por el presidente Trump, busca revitalizar la empresa y reducir la dependencia de China en la producción de semiconductores.
Un acuerdo inusual para la industria
La inversión gubernamental de 8900 millones de dólares otorga al gobierno de EE.UU. una participación accionarial del 9,9% en Intel. Se financiará con 5700 millones en subvenciones de la Ley CHIPS de 2022 y 3200 millones del programa Secure Enclave. El presidente Trump afirmó que el CEO de Intel, Lip-Bu Tan, aceptó la propuesta tras una reunión en Washington.
Reacciones y cuestionamientos legales
Expertos legales encuentran inusual la modalidad de la inversión. El profesor Brian Quinn calificó de «colosal pérdida de tiempo» la negociación de acciones ordinarias en lugar de acciones preferentes, que habrían asegurado dividendos obligatorios para los contribuyentes. Timothy Meyer, profesor de derecho, señaló que esta intervención no responde a una crisis financiera general, sino a la necesidad de Intel de aumentar su cuota de mercado.
Una estrategia geopolítica y económica
El acuerdo se enmarca en los esfuerzos por revitalizar la maltrecha gigante de chips y traer más fabricación de semiconductores a Estados Unidos. Tanto Trump como el secretario de Comercio, Howard Lutnick, han afirmado que el movimiento forma parte de una estrategia más amplia para disminuir la dependencia del país de China.
Antecedentes: La carrera por la soberanía tecnológica
La Ley CHIPS de 2022 fue diseñada para impulsar la fabricación nacional de semiconductores en EE.UU. ante la creciente competencia global y la dependencia de las cadenas de suministro extranjeras, particularmente de China. Este contexto de rivalidad tecnológica y económica entre las dos potencias fundamenta las actuales intervenciones gubernamentales en la industria.
El gobierno se convierte en accionista
Este acuerdo sitúa al gobierno de EE.UU. como un accionista significativo de una empresa tecnológica clave. La eficacia de esta medida para cumplir sus objetivos de soberanía tecnológica y retorno de la inversión para los contribuyentes dependerá de la futura evolución de Intel y de la estrategia que el gobierno decida emplear con su nueva influencia accionarial.
