Departamento de Justicia de EE.UU. demanda a Uber por discriminación
La empresa es acusada de violar la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. La demanda, presentada el 11 de septiembre de 2025, alega que Uber y sus conductores discriminan sistemáticamente a personas con discapacidades físicas.
Una demanda por igualdad de servicio
El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) presentó una demanda civil contra Uber, alegando que la compañía de transporte «niega rutinariamente el servicio a personas con discapacidades», incluyendo a quienes viajan con animales de servicio o usan sillas de ruedas plegables. La división de derechos civiles del DOJ sostiene que estas acciones violan la ley federal. Además, se acusa a la empresa de cobrar tarifas adicionales a estos pasajeros, incluso por cancelaciones cuando se les deniega el servicio.
El daño causado y la postura de Uber
Según los abogados del DOJ, esta conducta ha causado «un daño económico, emocional y físico significativo». Uber, por su parte, declaró que «discrepa fundamentalmente» de las acusaciones y destacó su política de «tolerancia cero» para las denegaciones de servicio confirmadas, que puede resultar en la desactivación permanente de la cuenta de un conductor.
Un historial de denuncias
Esta no es la primera vez que Uber enfrenta acciones legales por este motivo. El DOJ ya demandó a la empresa en 2021 por sobrecargar a estos pasajeros, llegando a un acuerdo en 2022 que incluyó el pago de millones de dólares a más de 65.000 usuarios afectados. La compañía también ha enfrentado demandas personales y protestas públicas por alegaciones similares de discriminación.
El camino hacia la accesibilidad
La demanda, presentada en un tribunal federal del Distrito Norte de California, revela que el DOJ alertó a Uber en 2024 sobre la investigación en curso. Tras ser notificada, la empresa implementó una función para que los pasajeros pudieran autoidentificarse cuando viajan con animales de servicio.
Un caso que define el futuro del servicio
El resultado de esta demanda sentará un precedente crucial sobre la obligación de las empresas de tecnología de proporcionar un acceso equitativo a sus servicios, impactando directamente la movilidad y los derechos de las personas con discapacidades en Estados Unidos.
