Departamento de Justicia de EE.UU. demanda a Uber por discriminación
La demanda acusa a la compañía de violar la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. La denuncia, presentada el 11 de septiembre de 2025, alega que Uber y sus conductores discriminan sistemáticamente a personas con discapacidades físicas.
Los cargos contra la aplicación
El Departamento de Justicia (DOJ) afirma que la empresa «niega rutinariamente el servicio a personas con discapacidades», incluyendo a quienes viajan con animales de servicio o usan sillas de ruedas plegables. Además, se acusa a Uber de cobrar tarifas extra a estos pasajeros, incluso cargos por cancelación cuando se les deniega el servicio. El DOJ argumenta que estas acciones han causado «un daño económico, emocional y físico significativo».
La postura de Uber
Uber declaró que «discrepa fundamentalmente» con las acusaciones y que tiene una «clara política de tolerancia cero» para las denegaciones de servicio confirmadas. La compañía asegura que todo conductor debe aceptar cumplir su política de animales de servicio antes de usar la aplicación y que actúa de forma decisiva, incluyendo la desactivación permanente de cuentas, cuando se confirma una violación.
Un historial de denuncias
Uber ha enfrentado acusaciones previas de discriminación hacia personas con discapacidades físicas. El DOJ ya demandó a la compañía en 2021 por sobrecargar a estos pasajeros, lo que resultó en un acuerdo en 2022 donde Uber pagó millones de dólares a más de 65.000 usuarios afectados. También ha enfrentado demandas personales y protestas públicas por alegaciones similares.
Un patrón que se repite
La demanda actual, presentada en un tribunal federal del Distrito Norte de California, revela que el DOJ alertó a Uber en 2024 sobre la investigación en curso. Según la denuncia, tras ser alertada, la empresa implementó una función para que los pasajeros pudieran autoidentificarse cuando viajan con animales de servicio.
Un caso que busca sentar precedente
El resultado de esta demanda definirá el cumplimiento de Uber y empresas similares con la legislación de accesibilidad. El caso subraya la tensión persistente entre los modelos de negocio tecnológicos y la obligación de proporcionar un acceso equitativo a todos los ciudadanos.
