Nepal revoca prohibición de redes sociales tras protestas mortales
Al menos 19 personas fallecieron en las movilizaciones lideradas por jóvenes. El gobierno dio marcha atrás en la medida que bloqueaba 26 plataformas, tras una oleada de indignación pública y presión internacional.
Un giro forzado por la presión ciudadana
El Ministro de Comunicaciones de Nepal, Prithvi Subba Gurung, anunció la revocación de la prohibición en respuesta a la indignación pública. La medida inicial, implementada la semana pasada, bloqueaba el acceso a 26 plataformas, incluyendo Facebook, Instagram, YouTube y X, porque la mayoría no cumplió con un requisito de registro local. El primer ministro KP Sharma Oli afirmó que las protestas se volvieron violentas «debido a la infiltración de ciertos elementos».
El detonante de la protesta
La revocación llegó horas después de que miles de personas, muchos de ellos estudiantes con uniforme escolar, inundaran las calles en todo Nepal para exigir el fin del apagón. Los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad resultaron en al menos 19 muertes y más de 100 heridos, según reportes de medios locales.
La reacción internacional
Organizaciones como la ONU y Amnistía Internacional habían expresado su preocupación. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pidió a las autoridades «respetar y asegurar los derechos de reunión pacífica y libertad de expresión».
Un contexto de creciente control digital
La prohibición se enmarca en un esfuerzo más amplio del gobierno por regular las plataformas digitales. Se impuso tras una directiva del 25 de agosto que exigía a las empresas extranjeras de redes sociales registrar sus operaciones en Nepal y nombrar un contacto local en un plazo de siete días. Algunas plataformas, como TikTok y Viber, no fueron afectadas porque ya habían cumplido con el requisito.
Un futuro incierto para la libertad en línea
La eficacia de la medida de registro y el impacto de la propuesta de ley de redes sociales, que aún está pendiente de aprobación y que incluye provisiones para multas y prisión por publicaciones, dependerá de la aplicación del gobierno en un contexto de malestar social. La Federación Internacional de Periodistas afirmó que la propuesta «amenaza con socavar severamente la libertad de prensa y la expresión digital».
