Estados Unidos y Reino Unido implementan leyes de verificación de edad online
23 estados de EEUU y el Reino Unido ya exigen verificación de identidad para acceder a ciertos contenidos. La medida busca proteger a los menores de peligros en internet, pero expertos en seguridad advierten de graves riesgos para la privacidad de los usuarios adultos.
Un nuevo muro digital
La verificación de edad ha evolucionado desde un simple clic en una casilla a requerir la subida de un documento de identidad oficial o un escaneo biométrico facial. Este cambio radical responde a la preocupación por el acceso de menores a contenidos peligrosos, como pornografía o información sobre drogas, en plataformas como Facebook o Snapchat. Padres y legisladores impulsan estas leyes tras tragedias reales, incluyendo casos de ciberacoso que terminaron en suicidio.
El precio de la seguridad
Para el ciudadano, esto se traduce en una disyuntiva: ceder datos biométricos e identificativos extremadamente sensibles o ver restringido su acceso a información. La Electronic Frontier Foundation alerta: «Ningún método de verificación es a la vez privado y totalmente preciso». Un ejemplo de los riesgos es la brecha de seguridad en la app Tea, que expuso documentos de identidad y mensajes privados de sus usuarias.
Un contexto de alarma creciente
El debate surge en una era donde los peligros online para los menores se sofistican, con casos de chatbots de IA que coquetean con niños o alientan conductas dañinas. Paralelamente, la utilidad de internet para la educación, la conexión global y el acceso a información especializada sigue siendo incuestionable. Los legisladores buscan un equilibrio que proteja a los menores sin «volar por los aires» toda la red.
Consecuencias imprevistas
La implementación de estas leyes tiene repercusiones directas. Por un lado, plataformas como Pornhub han optado por bloquear el acceso desde estados con estas leyes en lugar de recopilar datos sensibles. Por otro, se ha disparado el uso de VPNs para eludir los bloqueos, lo que a su vez conlleva sus propios riesgos de privacidad. Además, existe el temor fundado de que leyes vagas puedan usarse para censurar información sobre educación sexual o la comunidad LGBTQ.