Trump firma orden ejecutiva que amenaza con sancionar a estados por leyes de IA
La orden crea una fuerza de trabajo en el Departamento de Justicia para impugnar leyes estatales de IA. También instruye a Comercio a retirar futura financiación de banda ancha a estados con normativas «gravosas». El texto busca establecer un marco regulatorio nacional.
Herramientas para un marco federal
La orden ejecutiva “Asegurar un Marco de Política Nacional para la Inteligencia Artificial” tiene dos mecanismos clave. Por un lado, crea un grupo de litigio en el DOJ para desafiar leyes estatales que contradigan la política federal. Por otro, dirige al Departamento de Comercio a elaborar directrices que condicionen la financiación de banda ancha.
Presión de la industria tecnológica
El impulso para esta preeminencia federal proviene de inversores en IA, grupos de presión conservadores y asociaciones del sector tecnológico. Argumentan que un “enfoque fragmentado” de la regulación podría frenar el auge de la IA en Silicon Valley y reducir la competitividad de EE.UU.
Respuesta y críticas inmediatas
Varios fiscales generales estatales criticaron la medida. Letitia James, fiscal general de Nueva York, declaró que “los fiscales generales son los reguladores más ágiles” y abogó por la colaboración, no el conflicto, con el Congreso. Grupos como la ACLU han tachado la orden de “inconstitucional” y es probable que sea impugnada en los tribunales.
Leyes estatales en el punto de mira
La orden menciona específicamente la ley SB24-205 de Colorado, que busca limitar la “discriminación algorítmica”, tachándola de intento de “incrustar sesgo ideológico”. Otras normativas, como una de California sobre marcos de seguridad y una propuesta en Nueva York con multas millonarias, también podrían ser objetivo.
Antecedentes de la acción federal
En ausencia de una regulación federal, varios estados han impulsado sus propias leyes e investigaciones sobre IA. La orden de Trump busca centralizar esta política y evitar tener que “acudir a 50 estados” para obtener aprobaciones, según declaró el presidente durante la firma.
Cierre e implicaciones legales
La orden establece un tono nacional, pero Trump no tiene autoridad para prohibir que los estados aprueben sus propias leyes. El texto incluye una excepción para normativas estatales que protejan a los niños, promuevan infraestructura de centros de datos o fomenten la compra pública de herramientas de IA. Su aplicación final dependerá de los tribunales.
